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En junio de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la controvertida Ley Orgánica de Inteligencia, habilitando al Ejecutivo a realizar actividades de recolección de información, seguimiento y vigilancia sin la necesidad de autorizaciones judiciales o controles independientes. Esta medida, justificada como una respuesta urgente al incremento de la violencia y el narcotráfico, ha sido calificada por expertos nacionales e internacionales como una amenaza directa a los derechos humanos, la democracia y las libertades civiles. Desde la psicología social y con una perspectiva de género, este ensayo analiza cómo esta ley se inscribe en una lógica de control social, vigilancia masiva y reforzamiento de las jerarquías patriarcales y de exclusión, en especial hacia los grupos históricamente marginados como las mujeres, personas LGBTIQ+ y juventudes críticas. El control social, entendido como el conjunto de mecanismos destinados a mantener el orden y la conformidad en una sociedad (Ross, 19...